República de Colombia
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Boletín de prensa 12 de mayo de 2011
EL TIEMPO
FALLOS SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: C.CONSTITUCIONAL AL PROCURADOR
El presidente de ese alto tribunal le respondió a Alejandro Ordóñez sobre el tema del aborto.
El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, le reiteró al TIEMPO.COM que los fallos de ese alto tribunal son de obligatorio cumplimiento.
Esa obligación, que está prevista en la Constitución, "cobija a todas las autoridades, incluyendo al Procurador General de la Nación", dijo el magistrado Henao.
De esta forma, el Presidente de la Corte considera que debe darse por terminada la polémica que abrió el Procurador este miércoles durante un foro académico en la Universidad Javeriana.
Ordóñez, en su intervención, arremetió contra la sentencia del alto tribunal, que hace cinco años despenalizó el aborto en tres casos especiales.
"El derecho a la vida, que es inviolable, pasó a ser un derecho del deseo. Ahora, la mujer que quiera puede practicarse un aborto sin incurrir en delito alguno solo porque la Corte deseó que fuera así", afirmó el Procurador.
Respecto a estas afirmaciones, Ordóñez dijo, en entrevista con 'La W', que el pronunciamiento que él hizo sobre el aborto debe entenderse dentro del marco académico.
Según dijo, "se trataba de un análisis sobre la evolución de la jurisprudencia que la Corte ha dado al concepto del derecho a la vida", pero aseguró que él era respetuoso de las decisiones de la Corte Constitucional.
"Aquí no se trataba del ejercicio funcional, del cual yo he sido absolutamente respetuoso. Aquí se trataba de una actividad de carácter académico, y vale la pena decir que no hay argumento alguno donde se mezclen aspectos ideológicos, o convicciones personales, con tesis jurídicas", agregó el Procurador.
También dijo que pretender que no se pueda ejercer la crítica desde la academia es un acto de intolerancia.
Sin embargo, según el magistrado Henao, ese foro no era el escenario apropiado para referirse al tema y aseguró que aunque el Procurador tiene una posición sobre el aborto, su concepto no es definitivo.
"Los conceptos del Procurador los estamos respondiendo con argumentos jurídicos y con jurisprudencia pero la Corte es el tribunal de cierre, no la Procuraduría", indicó el Presidente del alto tribunal.
CORTE CONSTITUCIONAL TUMBÓ CÓDIGO DE MINAS
No hubo consultas con las comunidades indígenas y la norma va en contra de la Constitución del 91.
Por no haber consultado a las comunidades indígenas y afrodescendientes, la Corte Constitucional declaró el miércoles inexequible la ley que expidió hace un año el nuevo Código de Minas.
"La consulta a las comunidades es un requisito con el que se busca proteger el derecho de las minorías y es una obligación que el Estado debe cumplir", señaló el presidente del alto tribunal, el magistrado Juan Carlos Henao, al confirmar la decisión.
Sin embargo, la Corte decidió aplazar los efectos del fallo dos años, mientras el Gobierno tramita en el Congreso la nueva ley.
La razón de diferir el fallo, según el magistrado busca minimizar los riesgo de daños al medio ambiente. La norma que se declaró inexequible establece mayores requisitos para otorgar licencias de explotación minera en zonas de páramo y parques nacionales que quedarían sin vigencia, explicó Henao.
La Corte acogió un concepto del procurador que pidió la inconstitucionalidad de la ley, acogiendo la demanda que presentó el abogado Guillermo León Henao.
Esta es la tercera vez en menos de un año que la Corte tumba una ley por falta de consulta previa. Anoche, Henao le recordó al Gobierno Nacional que debe consultar a la comunidad.
LEY DE VÍCTIMAS ARRANCA ETAPA FINAL EN EL CONGRESO
El Senador Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal, confirmó que en la ponencia quedó el concepto de 'conflicto armado interno'.
0 En la ponencia quedó plasmado el concepto de 'conflicto armado interno'. El martes, primer debate.
Tal como lo había anunciado el presidente Juan Manuel Santos, el miércoles fue radicado, con el sólido respaldo de todos los partidos políticos -excepto el Polo Democrático- el proyecto de ley de víctimas, para que inicie el que será su debate final en el Congreso.
Como si se tratara de una película de suspenso, la radicación de la ponencia, hecha a las 8 de la mañana, estuvo, hasta el último minuto, rodeada de la tensión por la diferencia de criterios entre el presidente Santos y su antecesor, Álvaro Uribe, sobre el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado en Colombia.
Mientras Uribe insiste en que lo que hay es una amenaza terrorista, Santos logró el respaldo de la bancada de Unidad Nacional para incluir en la ley el reconocimiento del conflicto.
As quedó en el artículo Tercero de la ponencia, presentada por el senador Juan Fernando Cristo (liberal) y Roy Barreras ('la U'): "Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño (...) como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno".
Pero también está claro que Uribe no va a dar su brazo a torcer. A la misma hora en la que la ponencia definitiva era radicada ante la Comisión Primera del Senado, Uribe tenía un pulso en 'La W Radio' con el ex presidente Ernesto Samper.
En esta emisora, Uribe dijo, entre otras cosas, que "es grave que, por reconocer el conflicto, se piense que hay un estado de guerra, donde vamos a igualar la Fuerza Pública con los terroristas". Un mensaje que se encargó de replicar en su cuenta de Twitter, a través de los contactos de su Blackberry y llamando a sus más fieles escuderos en el legislativo.
Frente a la posibilidad de que Uribe logre afectar el debate final de la ley, Cristo recalcó el "consenso" que existe entre su partido, el Liberal, con el Partido Conservador, 'la U', el PIN y el Partido Verde, para avanzar sin mayores tropiezos.
Para lograrlo, se comprometieron a que, durante la discusión de la ley, ningún partido presentará proposiciones con la intención de modificar su contenido. El primer día de debate de la ley ante la plenaria será el próximo martes y se espera que quede aprobada antes de terminar este mes.
El pulso Uribe-Samper
Los ex mandatarios se enfrentaron en 'La W'
Álvaro Uribe Vélez
ex presidente de la república
"Es grave que, por reconocer el conflicto, se piense que hay un estado de guerra, donde vamos a igualar la Fuerza Pública con los terroristas".
Ernesto Samper
Ex presidente de la República
"Reconocer el conflicto nos permite, entre otras cosas, pensar que puede haber una salida pacífica a la violencia".
EXPERTOS DICEN QUE SE NECESITAN POLÍTICAS INCLUYENTES PARA AFROS
La ex congresista costarricense Empsy Campbell (centro) dijo que es necesaria la inclusión social.
El 80% vive por debajo de la línea de pobreza absoluta; el 75% recibe salarios inferiores al mínimo.
Transformar las políticas públicas, cerrar brechas en torno a la discriminación y reconstuir las tradiciones culturales son algunas de las principales conclusiones del 'Primer Diálogo Afrocolombiano: ¿Somos afro?', que se realizó en la mañana de este miércoles en Bogotá.
El foro, organizado por la Casa Editorial EL TIEMPO y respaldado por el Pnud, la Embajada de Francia, la Fundación Acua y la Alianza Francesa, contó con las intervenciones de Óscar Gamboa, director del Programa Presidencial de Asuntos Afrocolombianos; Moisés Medrano, director de poblaciones del ministerio de Cultura; la académica Claudia Mosquera, el columnista Daniel Mera, y la ex congresista costaricense Empsy Campbell.
Para Campbell Colombia ha sido un punto de referencia para la construcción de la identidad de la comunidad negra.
A su juicio, el país ha hecho "aportes extraordinarios" en términos académicos y políticos, así como poner sobre la mesa la situación actual de estas comunidades.
"Tenemos que enfrentar el racismo y el desafío de transformar las políticas públicas. Este continente es lo que es hoy por nuestro trabajo y esfuerzo", dijo la ex congresista de Costa Rica.
En esto coincidió la académica Claudia Mosquera, quien deploró que el racismo cierre la posibilidad de acceder a la misma ciudadanía, y pidió, a la vez, que "se cierren las brechas históricas" de la discriminación en el país.
De acuerdo con Óscar Gamboa, parte de la situación actual de los afrocolombianos responde a que "no se reconocen las realidades ni se trabaja en la solución de sus problemas".
"No reclamamos privilegios sino que se nos trate como ciudadanos", aseguró.
El tema de los efectos y del origen de la discriminación también se abordó en la jornada, a la que asistieron líderes afrocolombianos de todo el territorio nacional.
No conocer la historia de sus pueblos, la imprecisión con la que los medios de comunicación registran noticias de estas comunidades y el poco conocimiento de su cultura son las razones que Moisés Medrano, del Ministerio de Cultura, citó como causales de la discriminación.
El columnista Daniel Mera finalizó la intervención del panel con un llamado para que desde la misma sociedad se promuevan acciones incluyentes y en las que se impulse el desarrollo de la población negra.
Por su parte, el moderador del foro, Rafael Santos, director de publicaciones de EL TIEMPO, dijo que "hay que cambiar el chip" de la forma como se aborda este tema por parte de los periodistas.
Sanciones para los racistas
El senador del Movimiento Mira Carlos Alberto Baena, propuso, a través de un proyecto de ley, que el racismo sea castigado con cárcel entre 1 y 3 años.
La iniciativa también pretende instaurar multas de hasta 15 salarios mínimos (7'725.000 pesos) a los establecimientos públicos que no permitan el ingreso a los negros.
Con este mismo propósito el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, presentará ante el Legislativo un proyecto de ley que busca crear "un tipo penal independiente" para castigar con "severidad" el racismo. (Lea más noticias sobre racismo)
Según un informe de la Comisión Intersectorial Afrocolombiana, el 80 por ciento de las negritudes vive por debajo de la línea de pobreza absoluta, y el 75 por ciento recibe salarios inferiores al mínimo.
INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA SE MANTENDRÍA EN RESERVA POR 25 AÑOS
El proyecto de ley de inteligencia y contrainteligencia superó su segundo debate en la Cámara.
Contra el tiempo, los representantes a la Cámara le dieron vía libre, en segundo de cuatro debates reglamentarios, a la iniciativa.
De acuerdo con el coordinador de ponentes del proyecto, el representante conservador Óscar Fernando Bravo, "a Colombia le hacía falta tener una regulación como la que se aprobó en la Cámara, que establezca todos los parámetros dentro de los cuales los organismos y los funcionarios puedan ejercer actividades de inteligencia y contrainteligencia".
En el proyecto quedó contenida una propuesta del representante a la Cámara del Polo Iván Cepeda para bajar los años en los que se mantendrá la reserva de las operaciones de inteligencia.
Según dijo Cepeda, "por propuesta del Polo Democrático hemos logrado que el término para que se revele la información de documentos de inteligencia sea de 25 años y no de 35, como lo proponía el Gobierno".
"Son 10 años menos a los propuestos para que los documentos que se han recolectado por vía de inteligencia puedan ser conocidos por la opinión pública. Es decir que los colombianos conocerían lo que ocurrió con relación al tema de las 'chuzadas' en el año 2040", agregó el congresista.
Bravo explicó que dentro de lo aprobado está "quién organiza los planes de inteligencia (...); con qué limitaciones pueden ejercer actividades de inteligencia; también se protege a los funcionarios que desarrollen las actividades de inteligencia, y se consagran cuatro nuevos delitos a quienes violen la reserva".
De igual forma, "se consagran tres delitos para particulares y funcionarios públicos que en abuso de sus funciones o de su tarea, den a conocer informaciones reservadas, y prevalece, ante todo, la excepción de responsabilidad para los periodistas y medios de comunicación".
El proyecto pasa ahora a su tercer debate en la Comisión Primera del Senado.
'EL NÚCLEO PURO Y DURO DE LA CONSTITUCIÓN NO SE HA TOCADO': SANTOS
Así lo afirmó el Presidente durante un congreso sobre el vigésimo aniversario de la Carta.
En el encuentro el presidente, Juan Manuel Santos, destacó las iniciativas de su Gobierno en materia de protección de derechos.
A pesar de los "varios intentos de reforma" buscando modificar el espíritu de la Constitución del 91, esta ya "traspasó la línea de no retorno, sobre todo en materia de derechos", afirmó el Presidente durante un congreso organizado por la Universidad Javeriana con ocasión del vigésimo aniversario de la Carta Política.
"Hoy podemos decir que, pese a las diferentes reformas que se han aprobado, el núcleo puro y duro de la Carta del 91 no se ha tocado", dijo el mandatario.
Y agregó que "no faltan quienes añoren, sin embargo -con nostalgia-, congresos de bolsillo, jueces sumisos, ejecutivos omnipotentes, autoridades de control inexistentes, y quisieran devolver el reloj de la democracia, olvidando lo que ha pasado en Colombia y en el mundo en los últimos cuatro lustros".
Santos destacó las reformas que su administración ha planteado respecto a la Constitución y aseguró que "cursan con buenas perspectivas en el Congreso, pero con un sentido bien definido: no limitar derechos sino hacerlos más eficaces y más equitativos".
"Es el caso de la Reforma las Regalías, que busca que los importantes recursos del subsuelo, que son de todos los colombianos, lleguen -como debe ser- a todos los colombianos", explicó.
También se refirió al acto legislativo de sostenibilidad fiscal, del que dijo "procura un adecuado balance entre el ejercicio y protección de los derechos individuales y la defensa del bienestar común, que exige que el Estado tenga unas finanzas sanas y que no se comprometa por encima de sus posibilidades".
El Presidente, por último, "renovó" su compromiso y el de su Gobierno "no sólo con las normas, no sólo con los principios, sino sobre todo con el espíritu que iluminó el proceso que condujo, hace 20 años, a nuestra Constitución".
DEBATE ENTRE LA CORTE, GAVIRIA Y PROCURADOR POR FALLO DE ABORTO
Un foro sobre los 20 años de la Carta Política de 1991, en la Universidad Javeriana de Bogotá, terminó ayer en debate sobre la sentencia que despenalizó el aborto en casos especiales.
El ex presidente César Gaviria y el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Juan Carlos Henao, respondieron la arremetida contra la decisión que hizo el procurador Alejandro Ordóñez.
Mientras Ordóñez dijo que, con el fallo, "el derecho a la vida, que es inviolable, pasó a ser un derecho del deseo", el ex presidente Gaviria le advirtió que, como procurador, no puede desconocer los fallos de ese tribunal.
La discusión giró en torno a la sentencia C 355 del 2006 del alto tribunal, que hace cinco años despenalizó el aborto en tres casos específicos: si existe deformación del feto, si el bebé fue concebido en un acto de violación o si está en peligro la vida de la madre.
"Tiene que acatar las sentencias como fuente del derecho y actuar en función de ellas. No puede actuar como piensa sino como Procurador. Puede tener sus creencias y ser un excelente funcionario en temas de control, pero su posición no puede pasar por encima de los fallos y está obligado a cumplirlos", dijo Gaviria.
El Jefe del Ministerio Público se lamentó de que ahora cualquier mujer podía acudir al aborto, "solo porque la Corte deseó que fuera así".
Mientras el auditorio, dividido por sus opiniones, aplaudía o abucheaba, Ordóñez señaló que, por romántico y libertario que parezca el deseo como tesis del derecho, "será siempre el deseo de los más fuertes y no el de los más débiles, como el de los ya miles de niños y niñas que han muerto producto de esa sentencia".
Y señaló que la Constitución desprotege al ciudadano "si nuestros derecho a vivir depende de que quien pretende inducir o engañar a una mujer para que aborte consiga o no su cometido".
Al final, el Procurador remató su intervención diciendo que el principio jurídico de la frase "dame el hecho y te daré el derecho" cambió, y ahora el que prevalece es el de "decidme el deseo y os daré el derecho".
Esto hizo reaccionar al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Juan Carlos Henao, que invitó al auditorio a leer los fallos de la Corte frente al tema: "Así se darán cuenta de que hay un estado social de derecho y no de deseo".
Henao dijo que no iba a polemizar con la posición del Procurador, que respeta pero no comparte. "Usted y yo estuvimos con jesuitas, así que no vamos a chocar. Para eso, manda memoriales y nosotros se los respondemos", sostuvo al terminar su intervención.
'EPS IMPLICADAS EN CORRUPCIÓN SERÍAN INTERVENIDAS': GARZÓN
"Intermediación encareció los servicios de salud y favoreció el fraude", dijo el Vicepresidente.
"Las EPS privadas crecieron enormemente, hasta llegar a tener clubes de golf, y la salud pública se debilitó, incluyendo la red hospitalaria". (Lea más noticias sobre el desfalco a la salud)
Con afirmaciones como esta, el vicepresidente Angelino Garzón lanzó este miércoles fuertes críticas a la actuación de las empresas de prestación de salud que están siendo investigadas por las autoridades y los organismos de control. El escándalo por el fraude al sistema de salud tiene tras las rejas a cinco personas.
En el foro 'Los retos del Estado y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción', organizado por la Corporación Transparencia por Colombia, el Vicepresidente aseguró que la Ley 100, con la que surgieron las EPS hace 17 años, terminó siendo un gran negocio para estas entidades y un mal resultado para la salud de los colombianos.
Advirtió que las empresas prestadoras de salud a las que se les comprueben hechos de corrupción podrían ser intervenidas con fines de expropiación, "porque no es justo que mientras han obtenido miles de millones de pesos, en muchas regiones la red hospitalaria pública vive una crisis".
Tras conocer los reparos, el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Juan Manuel Díazgranados, contestó que las autoridades sí cuentan con las herramientas para investigar y sancionar a las EPS y que "de hecho, ha habido decisiones de intervenciones de varias de estas".
Pero el Vicepresidente también explicó que la intermediación "solo ha hecho encarecer los servicios de salud y favorecer el fraude, el engaño y toda esta situación que se está destapando".
Por su parte, la contralora Sandra Morelli, quien también participó en el foro, aseguró que su entidad adelanta tres investigaciones a EPS por posibles sobrecostos en los recobros de servicios prestados; así como en el presunto desvío de recursos y una reducción injustificada de los porcentajes que se deben cobrar a los negocios del chance para financiar la salud.
Morelli señaló que se indagan presuntas irregularidades en la destinación de cerca de un billón de pesos, que estaban a punto de ser girados a las UPC, por servicios y medicamentos.
De otro lado, en su discurso, el vicepresidente Garzón fustigó a los corruptos del sector salud y comparó su accionar con el de guerrilleros y delincuentes. "Los miembros de la criminalidad organizada al menos se juegan la vida, mientras los otros se pavonean en clbes sociales".
Aunque no mencionó con nombres a partidos políticos, Garzón criticó que estos no asuman responsabilidades cuando uno de sus miembros es investigado por corrupción.
"No es posible que cuando un servidor público está implicado en casos de corrupción los otros integrantes del partido se deslicen, cuando estos altos funcionarios llegaron ahí gracias al respaldo de esos partidos", dijo.
Capturados prenderían ventilador
Los cinco capturados por el fraude en el Ministerio de la Protección Social están a punto de llegar a un acuerdo para lograr beneficios a cambio de información.
Inicialmente se ha planteado la posible aceptación del delito de cohecho, y se buscaría llegar a un acuerdo frente a concierto para delinquir, prevaricato, peculado y enriquecimiento ilícito. Los ex funcionarios y contratistas entregarían información sobre otros implicados en el fraude. Uno de los puntos que se negocian es la seguridad de los detenidos.
Aunque la semana pasada un juez de Bogotá avaló la captura y los envió a un centro carcelario, en donde alcanzaron a ser reseñados, desde el viernes pasado están en los calabozos de la Dijín en el sur de Bogotá, luego de que el juez ordenara el cambio con el argumento de garantizarles seguridad.
En un año se abrieron 326 investigaciones
La Superintendencia Nacional de Salud abrió el año pasado 326 investigaciones administrativas contra EPS en el país. La lista de investigaciones, conocida por ELTIEMPO.COM, abarca tres áreas: atención en salud, protección al usuario y generación y gestión de recursos económicos para la salud.
La EPS con más investigaciones fue Humana Vivir (49), seguida de Saludcoop (43), la Nueva EPS (32) y Solsalud (31). Después se ubicaron Saludvida (27), Coomeva y Cafesalud (con 24 cada una) y Compensar (23). En el área de atención en salud, que es la que más quejas recibe y por la que se abrieron 195 indagaciones, casi todas se deben a negación de insumos, medicamentos y procedimientos del POS y fallas en la prestación del servicio.
Contra Saludcoop, en esa área, hubo 32 investigaciones; le siguen Humana Vivir, Coomeva, Cafesalud, la Nueva EPS y Compensar. Después aparecen las 96 investigaciones por fallas en protección al usuario, abiertas en su mayoría por incumplimiento en la atención médica e incumplimiento en el trámite de peticiones. Humana Vivir y la Nueva EPS lideran este listado.
Las menos comunes son las relacionadas con la gestión de los recursos y se deben a afiliaciones extemporáneas, no afiliación a una EPS o mora en los pagos a las IPS (hospitales o clínicas). Saludvida, Solsalud, Cafesalud y Humana Vivir son las que más problemas tienen en esta área.
EL ESPECTADOR
CONCEPTOS DE PROCURADURÍA NO OBLIGAN, DICE LA CORTE
Su presidente recordó, en cambio, que fallos del tribunal si son obligatorios para el Ministerio Publico.
Conceptos de la Procuraduría frente a fallos de la Corte Constitucional no obligan, ni son definitivos, dijo el presidente de la colegiatura, Juan Carlos Henao.
En diálogo con Carocol Radio, recordó, sin embargo, que las decisiones del organismo a su cargo si son de obligatorio cumplimiento para el jefe del Ministerio Publico y para todos los colombianos.
EL JUEZ SEXTO DE PAZ EN BARRANQUILLA BUSCABA ENTREGAR IRREGULARMENTE PREDIOS
LOS ABUSOS DE UN JUEZ
Por: Alfredo Molano Jimeno
Jairo González, juez sexto de Justicia y Paz de la capital del Atlántico, había emitido una serie de fallos tendientes a entregar los derechos de posesión de predios en Barú y Montes de María.
Los jueces de Paz fueron creados para dirimir conflictos de carácter comunitario.
Cuando el superintendente de Registro y Notariado Jorge Enrique Vélez advirtió que “donde ponía el dedo salía pus”, se le vino encima el mundo. Hoy las evidencias indican que se quedó corto. La prueba es lo que sucedió con el juez sexto de la jurisdicción de Justicia y Paz de Barranquilla, Jairo González Borrero, contra quien se interpuso denuncia por presunto prevaricato y abuso de autoridad. La acción fue impulsada por María Victoria Álvarez, directora de la oficina jurídica de la Superintendencia de Registro y Notariado.
Del despacho de González han salido extrañas sentencias reconociendo principios de posesión sobre tierras en las playas de Barú, Bolívar y los Montes de María. Al parecer se configuró en estas acciones el delito de abuso de la función pública. Uno de tales casos se presentó en Carmen de Bolívar. El 23 de febrero de 2011, el juez de Paz profirió sentencia otorgándole derechos de posesión sobre un predio en el barrio San Mateo a Julián Eusebio Castro. El problema radica en que los jueces de Justicia y Paz no tienen a su cargo funciones de notarios o de registradores.
Un mes después de la sentencia, el mismo juez González solicitó al registrador de Instrumentos Públicos del Carmen de Bolívar abrir la matrícula de posesión del inmueble para hacer efectivo el fallo en favor de Castro. Sin embargo, la registradora se negó por insubsistencias en la ejecutoria del fallo. González insistió en que se cumpliera la sentencia, pero la registradora volvió a negarse. El 28 de marzo, a través de abogado, Eusebio Castro interpuso recurso de reposición y apelación a la negativa de la registradora. Hoy el caso está en veremos.
Otro episodio ocurrió en septiembre de 2010, cuando el mismo juez otorgó derechos de posesión de un predio en Barú, jurisdicción de Cartagena, a Yudger Vargas Miranda. Bien sabido es que las tierras en está zona pueden llegar a ser las más costosas del país. Sin embargo González, violando sus funciones, entregó los 100.000 metros cuadrados. Un caso parecido al que sucedió el 6 de septiembre de 2010, cuando González repitió la operación con la finca Malena, del municipio de Mahate. Los derechos fueron entregadas por González a Oveida Chico Melendres.
Según la Ley 497 de 1999, la función de los jueces de Paz es interceder en los conflictos que se susciten en el marco de las relaciones comunitarias. Es decir que su papel es interceder como un tercero neutral cuando existan partes encontradas. En el primer caso, por ejemplo, no existe conflicto entre partes porque la sentencia fue proferida por solicitud del único interesado: Eusebio Castro, quien en su momento solicitó la inspección judicial para que se le reconozca como poseedor del inmueble en cuestión. Por esta razón, la Superintendencia de Notariado y Registro adelanta la acciones jurídicas y disciplinarias en contra de González.
En criterio de esta entidad, el juez sexto de Paz de Barranquilla Jairo González Borrero, al abrir folios de matrícula e inscribir declaraciones de posesión, pudo incurrir en abuso de autoridad, además de otras conductas relacionadas con un presunto prevaricato por acción. La denuncia fue firmada por la jefe de la Oficina Jurídica, María Victoria Álvarez, quien agregó que lo que debe establecerse es cómo las providencias fueron contrarias a la ley y la Constitución.
Para el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, se han detectado muchas irregularidades en procesos notariales en relación con la entrega de bienes, y su despacho está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para aclarar cada caso. Lo que hoy sorprende a la Superintendencia, y fue la razón para formular la denuncia, es que un juez de Paz esté interviniendo en esta clase de asuntos por fuera de su competencia.
POR NO CONSULTARLO CON COMUNIDADES
CORTE TUMBA REFORMA A CÓDIGO DE MINAS
Sin embargo, determinó que los efectos de la inconstitucionalidad entrarán en vigencia dentro de dos años.
La reforma al Código de Minas que se efectuó el año anterior dejará de tener efectos legales, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la norma, por el hecho de no haber consultado previamente a las comunidades indígenas sobre el particular.
Sin embargo, la alta corporación le otorgó un plazo de dos años al legislativo para que prepare un nuevo proyecto, teniendo en cuenta a las comunidades que habitan en las zonas mineras; de ahí que solo hasta de 24 meses entre en vigencia la declaratoria de inexequibilidad determinada por el alto tribunal.
Así las cosas, la explotación minera podrá seguir teniendo lugar bajo las condiciones señaladas en la Ley 1382 de 2010 hasta el 2012, cuando entre en vigencia la inconstitucionalidad que a partir de hoy se determinó sobre la reforma a la Ley 685 de 2001.
La Corte insistió en que la consulta previa a las comunidades es un requisito ineludible a la hora de expedir normas que puedan afectar el hábitat y el medio ambiente de sus entornos.
PROCURADOR CRITICA POSTURA DE LA CORTE FRENTE AL ABORTO
Dijo que se está imponiendo el "Estado Social de los deseos" sobre el "Estado Social de Derechos"
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado insistió en criticar la postura de la Corte Constitucional frente a la despenalización del aborto en tres casos excepcionales.
Dijo que "se está cambiando el Estado Social de Derecho por el Estado Social de los deseos" descalificando así las concesiones del alto tribunal frente al tema.
Sus reacciones generaron una nueva controversia con el expresidente César Gaviria, ante las cuales el jefe del Ministerio Público señaló que no quiere entrar en polémicas sino poner en evidencia equivocadas interpretaciones de la Carta Política frente al aborto.
La discusión se produjo a propósito de los primeros cinco años de la emisión del fallo de constitucionalidad a través del cual la Corte puso fin a algunas restricciones en la práctica del aborto.
Mediante la sentencia C-355 de 2006, el alto tribunal indicó que, en caso de malformación congénita del feto, riesgo latente de muerte para la madre o embarazo como producto de violación, la penalización sobre el aborto fue levantada.
VÍCTIMAS Y LEYES: UNA MUERTE ANUNCIADA
Por: Rodolfo Arango
Recientemente una pareja y sus tres hijos pequeños, víctimas del conflicto armado, comentaban su situación en Soacha, lugar donde residen luego de haber sido expulsados violentamente de sus tierras. Sus días transcurren entre el rebusque, la briega con las autoridades y el cuidado de los niños.
Su supervivencia depende de la posibilidad de obtener “prórrogas”. Así denominan a la ayuda humanitaria del Estado dispuesta legalmente para tres meses, prorrogables por otros tres más. Por fortuna la Corte Constitucional declaró inconstitucional limitar esta ayuda en el tiempo y ordenó brindarla hasta tanto se estabilice económicamente a la familia desplazada. Pero las autoridades públicas se las ingeniaron para no entregar los dineros. Su temor: que quiebren al Estado. A punta de tutelas, los afectados intentan mover a los agentes públicos para que cumplan con la Constitución. Sin embargo, éstas recurren a la vieja treta: se obedece pero no se cumple. Se inventaron el procedimiento de dar un número consecutivo a las víctimas para recibir su prórroga. No se les niega su derecho. Simplemente se les condiciona. Antes de recibir el dinerito deben esperar su turno. Todo en aras de la sostenibilidad fiscal.
Este simple ejemplo anticipa la muy probable suerte de la ley de víctimas. Bien intencionado, el proyecto de ley crea un laberinto de procedimientos para reparar a las personas en situación de desplazamiento y restituirles sus tierras. El texto aprobado es pletórico en principios, procedimientos y nuevas instituciones. Pero poco adecuado para garantizar el goce efectivo de los derechos. Someter la restitución de sus tierras a largos y complejos procesos administrativos y judiciales no deja de ser una ironía, más cuando todos los días caen asesinados quienes se atreven a reivindicar sus derechos, en especial mujeres.
Mientras millones de personas en situación de desplazamiento intentan ser reconocidos y restituidos en sus derechos por el Estado, los legisladores dictan leyes condenadas a la ineficacia por errores de concepción, ausencia de institucionalidad y exceso de reglamentación. Más parece una ley para impedir que los campesinos retornen a sus minifundios, debiéndose resignar con indemnizaciones dinerarias. El efecto: miseria y mano de obra barata radicada en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. Dos factores refuerzan la intuición de ineficacia legal: mientras no existan instituciones fuertes en las regiones alejadas de los centros urbanos, no será posible brindar seguridad a los retornantes. Además, la agricultura que tiene en mente el Gobierno es de latifundio extensivo, la cual no se concilia con la perspectiva de reconstruir la cultura local ni con la recuperación de la soberanía alimentaria del campesinado y de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Es justo reconocer que la comentada ley avanza en un aspecto fundamental. La recuperación de la memoria histórica. Los lazos de pertenencia y solidaridad se reconstruyen y fortalecen por vía de la preservación de la experiencia y de los aprendizajes colectivos, por dolorosos que sean. Es la cultura, como morada de ser, la condición de posibilidad del futuro de una comunidad política. En ese terreno el legislador ha abierto la puerta para que víctimas, victimarios, investigadores y colectivos sociales, todos involucrados en la vorágine de la barbarie, continúen el arduo y largo proceso de examen de las condiciones que nos condujeron a la mayor tragedia humanitaria de nuestra historia republicana.
CÚCUTA SOLAPADA
Por: Tatiana Acevedo
Una mujer, de 23 años, lleva dos meses visitando todas las instancias del sistema de salud en Cúcuta para que le practiquen un aborto legal debido a la grave malformación del feto.
Cuando escuché la noticia quise buscar más sobre la historia en internet. Pasé entonces a Google y escribí las palabras “Cúcuta” y “aborto”. Aparecieron en la pantalla alrededor de 30 ofertas distintas de abortos clandestinos (procedimientos y misoprostol) en farmacias o cuchitriles de la ciudad.
No me sorprendió. Es la lógica clásica en ciudades con hombres y mujeres machistas. Sociedades ultra católicas donde la sexualidad femenina es mirada con algo de asco y mucho de temor, y en las que la Constitución nada puede hacer ante la biblia y el sermón.
Sociedades solapadas donde no hay espacio para la interrupción del embarazo legal, pero sí para toda una industria artesanal de abortos peligrosos. Pues mientras una mujer, dispuesta a pagar lo que sea en un consultorio improvisado, es acogida con el empresarial anuncio en internet de “¿Deseas abortar?” (lo mismo les da si abortamos, adelgazamos o pedimos cremas para las arrugas, lo importante es que exista la plata para pagar por el deseo), una mujer que acude a una EPS a solicitar una interrupción legal de su embarazo es recibida con el infame “¿Para qué abrió las piernas?”.
Una ciudad, vale recordarlo, cuyo sistema médico negó en más de siete oportunidades el derecho de una niña a abortar tras ser víctima de una violación en 2009.
Ante este apego a la tradición en la que el cambio, que por algún lado había de irrumpir, es en esencia solapado (no es bien visto abortar), es mucho lo que se puede hacer por las mujeres y sus derechos. Y ello desde la sociedad civil, ya que no desde el Estado (y mucho menos a la espera de la solución que ofrece el mercado), como valerosamente viene haciéndolo la organización Women’s Link Worldwide, que introdujo, hace cinco años, el aborto en la discusión pública.
EL NUEVO SIGLO
ASESINAN A OTRA LÍDER CAMPESINA QUE RECLAMABA TIERRAS
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dice que Ley no estimula invasiones.
AL TIEMPO que el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo rechazo categóricamente los señalamientos surgidos en torno a que la Ley de Restitución de Tierras que hace tránsito en el Congreso estaría fomentando la invasión de predios, como ocurrió en Urabá, se conoció del asesinato de otra líder del movimiento campesino que reclaman los predios de los que fueron despojados por grupos armados ilegales.
Se trata de Martha Gaibao, quien fue asesinada en una población de Córdoba, denunció el defensor del pueblo, Volmar Pérez.
“Gaibao, vocera del proceso de reubicación de 17 familias desplazadas en el municipio de La Apartada en el departamento de Córdoba fue víctima de varios impactos de bala por parte de desconocidos que huyeron posteriormente”, señaló Pérez en un comunicado.
Con este crimen se elevan a diez los asesinatos de líderes campesinos desde la posesión del presidente Juan Manuel Santos, en agosto de 2010. El mandatario, un dirigente de derecha que fue ministro de la Defensa, se ha propuesto aprobar una ley para reparar a las víctimas del conflicto armado interno y devolver tierras a campesinos desplazados por la violencia.
El Defensor del Pueblo alertó que el asesinato de Gaibao en esa región “parece constituir una forma de presión armada para impedir los procesos de restitución de tierras, y un acto de intimidación sobre las personas que reclaman el respeto y garantía de su derecho a la tierra”.
“Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo insta a las autoridades competentes a poner en marcha un programa de protección colectiva y a adoptar medidas eficaces contra los factores de riesgo identificados en esta región del país”, subrayó.
El asesinato ocurrió en momentos en que el Congreso debate la ley de víctimas y restitución de tierras, con la que el gobierno de Santos pretende devolver 2 millones de hectáreas en sus cuatro años de gobierno.
Justamente, con relación a esa ley, el ministro Restrepo rechazo a los señalamientos surgidos en torno a que estaría fomentando la invasión de predios, como ocurrió en Urabá.
En un corto, pero contundente comunicado, el titular de esa cartera señaló que “falta a la verdad e incurre en grave deshonestidad intelectual, quien diga que la Ley de Restitución de Tierras que actualmente estudia el Congreso de la República, favorece o estimula invasiones”.
A renglón seguido asegura que el texto del mencionado proyecto está “lleno de garantías para los titulares legítimos de la tierra en Colombia” y agrega que “de esa Ley sólo tienen que temer los usurpadores y testaferros”.
En un último aparte indica el comunicado de Minagricultura que “el actual Gobierno ha sido el primero en censurar las invasiones de Urabá así como cualquier otra vía de hecho que se utilice para reclamar derechos o aspiraciones”.
Entre tanto ayer se registró un nuevo operativo de las autoridades para desalojar a invasores en la región de Urabá registrándose fuertes enfrentamientos con la fuerza pública.
Ante el incumplimiento del acuerdo logrado con los campesinos y habitantes que se habían instalado en predios privados en Apartadó, un escuadrón antidisturbios de la Policía Urabá llegó al lugar para iniciar el desalojo, encontrándose con una feroz resistencia, del grupo de invasores que desde hace una semana están en ese lugar -el sector del 20 de enero-, aduciendo que es la única forma que tienen de acceder a un techo propio y poder iniciar una nueva vida.
La Policía al ver fracasado el diálogo y ante la agresividad de los “sin tierra” se vio obligada a disparar gases lacrimógenos. Pese a ello los uniformados fueron atacados con piedras y palos.
El sector del 20 de enero se encontraba desde hace una semana en poder de más de cien familias de campesinos que argumentan no tener otro lugar a donde ir. Una situación similar se registra en el barrio Obrero, también de Apartadó, donde se espera para hoy la salida voluntaria de los ocupantes.
El gobierno reiteró que no permitirá que la usurpación a propiedades y que en cualquier parte donde ocurran hechos como éstos se procederá a desalojar a los invasores para entregar los terrenos a sus legítimos dueños.
Esta semana, el vicepresidente Angelino Garzón denunció que las invasiones de terrenos en Apartadó, Chigorodó y Carepa obedecen a una “perversa estrategia electoral”.
Dijo que así se puede señalar tras escuchar testimonios y evaluar los reportes de las autoridades y dirigentes sociales de la zona, que señalan que habría candidatos a alcaldías y gobernaciones tras estas usurpaciones de tierras.
Según estimaciones oficiales y de ONGs, en los últimos 15 años fueron robadas entre 1,2 y 5,5 millones de hectáreas en Colombia. Además, cerca de 3 millones de personas han sido desplazadas por la violencia desde los años 50 en Colombia, según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.
CORTE TUMBÓ EL CÓDIGO DE MINAS
Procuraduría había pedido declararlo inconstitucional.
Inexequible fue declarado el Código de Minas por la Corte Constitucional, por no haber consultado a las comunidades indígenas.
El presidente del alto Tribunal, magistrado Juan Pablo Henao, explicó que el Código fue declarado inexequible de manera diferida, es decir que el Gobierno tiene 2 años para realizar los ajustes necesarios y la consulta previa exigida por ser una norma constitucional que exige hacer consultas a las comunidades étnicas de parte del Congreso.
Dicho Código, que rige la explotación minera, fue demandado por Guillermo León Henao, quien argumentó ante el máximo Tribunal en lo constitucional, durante el trámite de la ley, el Gobierno Nacional no consultó la creación de la norma con las minorías étnicas, por lo que fue declarado inexequible.
Se destaca que el proyecto de ley que al ser aprobado se convirtió en la Ley 1382 de 2010, al afectar a las comunidades indígenas, debía ser consultado previamente con ellas, y al revisar el expediente según el demandante no se encuentro prueba alguna de que la consulta previa se haya realizado.
El presidente de la Corte explicó que “por estar comprometidos derechos al medio ambiente y a la ecología, se tomó la determinación de diferir por dos años los efectos de la sentncia”.
El magistrado Henao aclaró que si al término de los 24 meses no se ha consultado a las comunidades y no se le da trámite en el Congreso a la Ley, quedará automáticamente anulada y cobrará vigencia el Código de minas anterior.
Cabe recordar que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en un concepto le pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible la norma debido a que no se cumplió con la consulta previa.
“Al ser las normas legales de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, sin que pueda excluirse de su ámbito de aplicación a los pueblos indígenas y tribales, en cuyos territorios se adelantan o puedan llegar a adelantarse actividades mineras”, conceptúo el Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado en su momento.
En octubre de 2009, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, le advirtió a este Diario que si el Gobierno insistía en aprobarla, la reforma al Código de Minas sería declarada inexequible por las mismas razones que la Corte Constitucional señaló, por esos mismos días, como inconstitucional el Estatuto de Desarrollo Rural.
Al comentar lo ocurrido con el Estatuto de Desarrollo Rural, el legislador manifestó: “Yo me opuse todo el tiempo a esa ley por razones de fondo y por razones de forma. Fue lo mismo que pasó con la ley Forestal y, ojo: es mismo que va a pasar con la reforma al Código de Minas que están tramitando; se aprobó con la advertencia de que no le consultaron a las comunidades indígenas y afrodescendientes y esa consulta cabe también en el Código de Minas. A eso no le falta sino un debate, entiendo; y la consulta no se hizo. O sea, que si se empeñan en aprobarlo, va a terminar en el mismo lío; porque es la soberbia del gobierno y de sus amigos en el Congreso”.
POR ABORTO SE ENFRENTAN ORDÓÑEZ Y GAVIRIA
El vicepresidente Garzón salió en defensa del Jefe del Ministerio Público.
COMO una decisión emitida pensando “en los deseos y no en las leyes” volvió a calificar el procurador Alejandro Ordóñez el fallo de la Corte Constitucional que avaló el aborto en tres casos específicos, violando el derecho a la vida.
El pronunciamiento del jefe del Ministerio Público generó un abierto enfrentamiento con el ex presidente liberal César Gaviria, quien de inmediato le recordó que no sólo él sino todos los colombianos deben ceñirse a las leyes y respetar a los altos tribunales.
El cruce de opiniones tuvo lugar en la Universidad Javeriana durante un foro en el que se conmemoraban los 20 años de la Constitución, sorprendiendo a todos los asistentes.
Ordóñez, al referirse al polémico tema del aborto, dijo que “nadie se podrá escandalizar si digo que hemos trasegado el Estado social de derecho, al Estado social del deseo” e indicó que la Corte Constitucional no tiene claro cuándo inicia la vida.
“El deseo de que una mujer quiera practicarse un aborto prevalece sobre el bien jurídico, pues no se le reconoce el carácter de derecho”, señaló Ordóñez.
“De esta forma puede decirse que la sentencia C 355 ha pasado a regular una realidad que va incrementando”, indicó el Jefe del Ministerio Público.
De igual forma instó a los magistrados a pensar en la gran cantidad de niños que no tuvieron el derecho a la vida producto de esa sentencia.
De inmediato, el ex presidente Gaviria le interpeló, llamándolo a respetar los fallos de la Corte y recordándole que ninguna convicción puede estar por encima de ellos.
“Procurador, usted puede tener creencias, usted puede ser un excelente Procurador en el control, pero en la interpretación de los derechos usted se tiene que ceñir a las sentencias de la Corte Constitucional, sus opiniones no pueden prevalecer”, le indicó el ex mandatario.
A renglón seguido le recordó el respeto que se debe guardar a las altas instituciones del Estado y a la ley.
Como se recordará la Corte Constitucional avaló la práctica del aborto en tres casos específicos: cuando haya malformaciones del feto, cuando la vida de la madre se encuentre en peligro y cuando la concepción haya sido producto de una violación.
Por su parte, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Juan Carlos Henao, dijo que no entrará a polemizar la sentencia con el Procurador, porque existen herramientas para mostrar las inconformidades.
A su vez, el vicepresidente Angelino defendió la labor del Ordóñez y las críticas que ha lanzado el jefe del ministerio público sobre el fallo de la Corte Constitucional que permitió el aborto en tres casos.
“La infamia que muchas veces hacen contra usted señor Procurador, como si fiera un delito ser católico o defender principios cristianos, yo también soy católico”, dijo Garzón.
REVISTA SEMANA
DE POLÍTICAS, POLÍTICOS Y DERECHOS LGTBI
por manuelvelandia .
Que se violen los derechos de las minorías sexuales y se nos piense comunidades que deben ser expulsadas, eliminadas y castigadas sea el resultado de pensar que ponemos en peligro el cuerpo nación colombiana no es raro, dado que también es la razón que ha motivado la eugenesia y otras formas de vulneración de derechos humanos y la causa que justifica una política pública nacional en el tema de los derechos humanos.
El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, ha mostrado su disposición para defender los derechos Humanos de la población LGTBI y ha informado estar dispuesto a crear una Mesa o espacio de diálogo que incluya a funcionarios de diversas instituciones del Estado y a miembros de la comunidad, acción que está siendo liderada por el Ministerio del Interior y Justicia.
La comunidad LGTBI está interesada en que haya una política pública a nivel nacional sobre sus derechos. Según Colombia Diversa y muchos otros estudiosos nacionales e internacionales como Global Rights y la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC), los derechos de las lesbianas, gay, bisexuales y trans en Colombia son no sólo irrespetados sino que no les son garantizados, en la medida que en la práctica las autoridades judiciales y administrativas muchas veces anteponen sus visiones prejuiciadas al momento de aplicar la ley y/o desconocen las necesidades propias y derechos de esta población. Así, los LGBT ven vulnerados sus derechos a la vida, la integridad personal, la libertad y seguridad personal, la libertad de expresión, entre otros, sin que los recursos existentes para la garantía de sus derechos sean realmente efectivos.
Para la población LGTBI es claro que se requiere un sistema de información unificado que contemple y de cuenta de la situación de derechos humanos de las personas LGTBI, que se supere la impunidad frente a los diversos crímenes de odio que incluyen los asesinatos, las amenazas de muerte, el desplazamiento forzado y otros casos de violaciones a los derechos como el abuso policial. Dicha impunidad está relacionada con la falta de sensibilización y conocimiento de los operadores judiciales para identificar dichas vulneraciones.
Colombia no solo requiere la defensa de los DH, también se hace necesario que haya lineamientos claros en una política pública dirigida a la población LGBT, desde la cual se implementen los Planes de Desarrollo Locales de los diversos municipios colombianos y no solo en aquellos donde se ha logrado avanzar al respecto.
Internacionalmente Colombia es reconocida por las sentencias de la Corte Constitucional sobre los derechos de las personas homosexuales y de las parejas del mismo sexo, pero igualmente se requiere implementar acciones para que se cumplan y conozcan.
Por supuesto el país está lleno de contradicciones que dificultan una política nacional en el tema de los derechos humanos de esta población. Vargas Lleras, ministro del interior, con relación a la discusión sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo, recientemente afirmó “tengo la impresión que muchas parejas no tiene la estabilidad necesaria para adquirir ese tipo de obligaciones”, para muchos entendidos en el tema esta ha sido una extraña posición dado que votó afirmativamente en la Comisión Primera de Senado por el reconocimiento de los derechos patrimoniales y de seguridad social de las parejas del mismo sexo.
Las contradicciones también provienen de la procuraduría. El procurador Alejandro Ordóñez, le ha pedido a la Corte Constitucional que mantenga el artículo de la ley de infancia y adolescencia que solo concede el beneficio a uniones del mismo sexo Ordoñez ha señalado “Frente a los hijos adoptados, en razón del principio de igualdad y de no discriminación, opino que ellos tienen derecho a tener una relación de paternidad y de maternidad con su padre y madre adoptantes, semejante a la que tienen los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, con sus padres biológicos”.
Para que exista una política pública nacional sería conveniente que quienes desde el Estado deben actuar en pro de los derechos humanos dejen de considerar que las personas LGTBI son personajes abyectos, monstruos. Digo "monstruos" recordando que se llama monstruo a aquello que es producido contra el orden regular de la naturaleza y, en general, se aplica a un ser fantástico que asusta. La palabra proviene de monstrum ‘prodigio’, palabra del bajo latín derivada del verbo monere ‘advertir’, ‘avisar’. Para los antiguos, la aparición de cualquier cosa diferente, extraordinaria o que pareciera violar las leyes de la naturaleza era un aviso, una advertencia de los dioses a los hombres, siendo estas las mismas creencias que expresan Ordoñez y Vargas Lleras. Tal vez por pensarnos diferentes o violadores de la naturaleza (esa extraña naturaleza concebida por Aquino) se nos sigue excluyendo, no porque realmente lo seamos sino por la dificultad que existe en aceptar al otro como un auténtico otro.
CMI
SE CAE PARCIALMENTE EL CÓDIGO DE MINAS
La Corte Constitucional le dio un plazo de dos años al Gobierno para que subsane los errores cometidos durante una modificación que se le hizo al código de minas, la cual establecía la zona de exclusión para la explotación minera.
El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, aseguró que la decisión fue adoptada porque el Gobierno no realizó la consulta previa a las comunidades indígenas para expedir la modificación de la ley.
“La consulta a las comunidades es un requisito que establece la Constitución para salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas y negras cuando se van a realizar proyectos que los implican a ellos”, explicó el magistrado.
Juan Carlos Henao agregó que, considerando los efectos que tendría la decisión si se deja o si declara inexequible el código, se le dio el plazo al Gobierno para que haga la consulta y trámite nuevamente la ley en el Congreso.
“El Gobierno después de reunirse con las comunidades indígenas tendrá que realizar el trámite normal de toda ley, es decir, que debe ser debatida por los parlamentarios”, puntualizó Henao.
CARACOL RADIO
DESCONOCER EL FALLO SOBRE EL ABORTO HARÍA ENTRAR EN PELIGRO LA DEMOCRACIA: CORTE CONSTITUCIONAL
El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, se refirió al debate con el procurador en torno al tema del aborto en un foro académico celebrado este miércoles, y le recordó que él sólo es un interviniente en las decisiones constitucionales y que los fallos del Alto Tribunal "son para cumplirse".
"El tiene una posición como procurador, pero el como procurador interviene dentro de los procesos, y en esos memoriales el plasma su manera de pensar. Nosotros respondemos por la jurisprudencia y en esa medida hay un diálogo de todo nivel, de todo respeto, pero quien es cláusula de cierre es el Tribunal y no la Procuraduría, que solamente es un interviniente importante, pero no definitivo", señaló.
Con respecto a la inexequibilidad declarada a la reforma del Código Minero, explicó que la determinación, que contó con votación 7 a 1, se tomó debido a que no se consultó previamente con las comunidades
"Hay un convenio de la OIT, el convenio 169, que obliga a que se haga una consulta previa que no es vinculante, pero lo que si es obligatorio es la consulta; cuando una norma se profiere y se hace una interlocución con el destinatario, gana en legitimidad, y en el caso del Código de Minas, había que consultarle y no se consultó nada, y por eso cae el código de minas", sostuvo el magistrado.
RCN RADIO
PROCURADOR ARREMETE CONTRA LA CORTE CONSTITUCIONAL POR SENTENCIA SOBRE EL ABORTO
El procurador Alejandro Ordóñez cuestionó los argumentos de la Corte Constitucional en los que se emite la sentencia en pro de la despenalización del aborto.
"El deseo de que una mujer quiera practicarse un aborto prevalece sobre el bien jurídico, pues no se le reconoce el carácter de derecho", señaló Ordóñez.
"De esta forma puede decirse que la sentencia C 355 ha pasado a regular una realidad que va incrementando", indicó.
Por su parte, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Juan Carlos Henao, dijo que no entrará a polemizar la sentencia con el Procurador, porque existen herramientas para mostrar las inconformidades.